El oficialismo cedió ante los bloques dialoguistas para fijar un tope a la compra de tierras por extranjeros y otorgar mayor autonomía a las provincias.
La Casa Rosada debió modificar el proyecto de ley de Propiedad Privada impulsado originalmente por el ministro Federico Sturzenegger, tras semanas de intensas negociaciones encabezadas por la jefa de bancada oficialista, Patricia Bullrich. La propuesta, que enfrentaba resistencia entre los bloques aliados y gobernadores del interior por eliminar todas las trabas al capital extranjero, será presentada con cambios este jueves en el Senado para destrabar una votación que ya había sido postergada en tres ocasiones.
La principal controversia residía en la reforma de la Ley de Tierras. Mientras que la normativa vigente establece que solo hasta un 15% de los terrenos rurales pueden estar en manos extranjeras y el Ejecutivo buscaba desregular el sector por completo, la negociación derivó en fijar un nuevo techo global de entre el 20% y el 25% provincial. Además, se eliminaron los límites departamentales para que cada jurisdicción aplique su propia normativa.
Entre los puntos acordados se otorgó mayor injerencia a las provincias para autorizar, regular o rechazar las operaciones de compraventa dentro de sus territorios, respetando el dominio sobre sus recursos naturales. No obstante, el Estado nacional mantendrá la facultad exclusiva de intervenir en zonas de frontera y áreas consideradas de interés estratégico para la seguridad del país, al tiempo que se creará un registro unificado para supervisar la titularidad de los terrenos.
La jornada legislativa del jueves estará marcada por un clima de alta conflictividad social en los alrededores del Congreso. Diversas centrales sindicales, como la CGT y ambas CTA, junto a la UTEP y colectivos ambientales y campesinos, han convocado a una movilización masiva para manifestar su rechazo a las modificaciones propuestas en la ley.